La senadora Gloria Inés Ramírez inició el debate en el Senado de la República de Colombia el martes 11 de agosto de 2009 sobre las siete bases militares norteamericanas que el gobierno colombiano aceptó que se instalaran en el territorio colombiano. El lector de este blog, particularmente en este tema de las bases militares estadunidenses, se puede formar una idea bastante completa para iniciarse en la comprensión de la problemática que hay en un evento político de semejante trascendencia para Latinoamérica y quizá para el mundo entero. Aquí se le brindan al lector diversas perspectivas con generosa amplitud para que se inicie en la formación de un juicio de fondo y sea menos vulnerable a la desinformación y propaganda con que se trata el tema.
Segunda parte de la intervención de la Senadora Gloria Inés Ramírez (citante):
Intervención del Senador Jorge Enrique Robledo en el Congreso de la República de Colombia el martes 11 de agosto de 2009:
Segundo fragmento de la intervención del Senador Robledo:
Tercer fragmento de la intervención del Senador Jorge Enrique Robledo:
Cuarto fragmento de la intervención del Senador Jorge Enrique Robledo:
Quinto fragmento de la intervención del Senador Jorge Enrique Robledo:
Fragmento de la intervención de Piedad Córdoba el 18 de agosto en el Congreso de la República de Colombia refiriéndose al debate sobre las bases millitares estadounidenses en Colombia:
Documento publicado por el ex presidente Ernesto Samper en El Tiempo el domingo 16 de agosto pasado:
Acuerdo Con E.U.: Falta Discusión
El tema de las bases norteamericanas o de la presencia permanente de tropas y naves militares norteamericanas en bases colombianas, o sea "bases dentro de las bases" que es lo mismo, no ha merecido el debate público que su gravedad amerita. Lejos del nacionalismo ramplón que exige a Colombia entrar en la carrera armamentista de América Latina con armas prestadas de los estadounidenses o de lo que Barack Obama llama "la tradicional retórica antiimperialista ", la decisión de permitir la residencia permanente de tropas extranjeras y el estacionamiento de naves norteamericanas en las principales bases militares colombianas tendrá unas implicaciones en el cambio del relacionamiento externo de Colombia parecidas a las que tuvo, hace más de un siglo, la pérdida del canal de Panamá.
El cierre de la base Howard de Panamá y su reemplazo por la de Manta, en Ecuador, constituyen el antecedente inmediato de este debate. El presidente panameño Ernesto Pérez Balladares, apoyado por los gobiernos de Perú, Colombia y México no quiso, con razón, que esta base, revertida al control de Panamá junto con el canal, pudiera seguir lanzando “operaciones especiales” sobre el continente que no estuvieran directamente relacionadas con la lucha contra el narcotráfico. Proponía Pérez Balladares, además, que un comando conjunto, integrado por oficiales militares o de policía que representaran a los países del área, vigilara y certificara el tipo de actividades que se cumplirían desde la base.
La insistencia del mandatario panameño, consecuente con la recién restablecida soberanía de su país, le costó el retiro de su visa de entrada a los Estados Unidos y motivó el traslado de la centenaria base del istmo a Ecuador, en la población de Manta. Esta, a pesar de haber sido convenida inicialmente para enfrentar la lucha contra el narcotráfico en el Pacífico, se empleó para otro tipo de operaciones como la persecución de migrantes ilegales y la inmunidad pactada para sus integrantes se convirtió, a la larga, en una forma de impunidad que acabó con su prestigio y resintió todo el aparato de justicia ecuatoriana. Lo sucedido en Manta parece destinado a convertirse en un síndrome común a las bases norteamericanas, que terminan operando para todo menos para aquello para lo cual fueron creadas. El caso más patético es el de la base de Guantánamo, que acabó convertida, en pleno siglo XXI, en un verdadero campo de concentración de prisioneros a los que se niegan los derechos procesales mínimos.
Me atrevo a pensar que este negro historial influyó para que el presidente Obama descartara públicamente –como lo reiteró la semana pasada para el caso colombiano– la apertura de nuevas bases militares norteamericanas en América Latina. En este continente, afortunadamente y en contraste con el mundo –donde existen 830 bases norteamericanas–, el número del personal asignado a ellas (no más de 2.000 efectivos ) es tan bajo e irrelevante como su propia importancia estratégica, si se tiene en cuenta que están localizadas en Honduras, Haití, Aruba y Curazao. El tipo de equipamiento militar norteamericano de las bases colombianas que se pretende, dada la importancia geoestratégica de Colombia como “esquina” privilegiada de Suramérica y en medio de conflicto interno que tiene hoy comprometidas seriamente nuestras relaciones con Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Cuba, no es un asunto de menor cuantía para la seguridad hemisférica. A Estados Unidos no le conviene convertir con este acuerdo a Colombia, uno de sus más fieles aliados regionales en la lucha contra el narcotráfico, en el “país problema” del hemisferio, aislado de su vecindario y dispuesto a lanzar desde su territorio operaciones militares de vigilancia estratégica que serán fuente de tensiones y reclamos y acabarán a la larga retroalimentando su conflicto interno.
El espinoso asunto de las bases colombianas se complica si se tiene en cuenta que desde hace algunos años y siguiendo la tendencia global a construir esquemas regionales de seguridad que reemplacen los viejos diseños bipolares de la guerra fría, América del Sur, liderada por Brasil, viene perfilando, a través de Unasur, la definición de un sistema regional de aseguramiento que debería enfrentar, por la vía de la cooperación y la solidaridad entre los países del área, riesgos y amenazas que antes se resolvían mediante la confrontación y la disuasión. La presencia de enclaves militares norteamericanos en territorio colombiano sería un retroceso en esta tarea de construir un espacio autónomo latinoamericano para manejar sus problemas de seguridad que, para el caso de Colombia, es coherente con el mandato constitucional (Articulo 9º) que supedita su política exterior a la integración sudamericana. Por lo demás, no deja de producir cierto escalofrío el pensar de qué modo podría afectar la gobernabilidad interna de Colombia la proyectada presencia militar norteamericana diseminada por todos los puntos estratégicos de su geografía, en caso de que se presentara una crisis grave en las relaciones de Colombia con los Estados Unidos-.
Publicación eltiempo.com
Sección Otros
Fecha de publicación 16 de agosto de 2009
Autor Ernesto Samper Pizano *
México nunca admitirá militares de E.U. en su país, dijo presidente Felipe Calderón
Foto: Reuters
El mandatario mexicano (izq.), quien estuvo tres días de gira por Brasil, junto a su homólogo Luiz Inacio Lula da Silva.
El mandatario, sin embargo, afirmó que respeta la decisión de Colombia. "México es la frontera de E. U. con América Latina, y es una frontera que hemos defendido con dignidad durante siglos", agregó.
"Nunca admitimos ni admitiremos actividades militares de los estadounidenses, de ningún tipo, en nuestro territorio", afirmó Calderón a ese diario brasileño, consultado sobre el acuerdo entre Colombia y EEUU que permitirá a militares estadounidenses utilizar bases colombianas.
Calderón alegó que el acuerdo militar de Bogotá con Washington para combatir el narcotráfico y el terrorismo, cuyas negociaciones quedaron cerradas el viernes pasado y está pendiente de firma, no puede ser considerado un modelo para México, pese a los problemas que afronta para combatir los cárteles de traficantes.
Más que apoyo militar, la ayuda que México espera de Estados Unidos es la reducción del consumo de drogas en ese país y el aumento del control a la venta de armas.
"Lo que exigimos de los estadounidenses es parar el tráfico de armas y reducir el consumo de drogas con políticas activas. En los últimos dos años el valor de la cocaína aumentó más del doble, pero eso no provocó una caída del consumo o de políticas de prevención adecuadas", dijo.
En otra entrevista con el diario O Globo, Calderón insistió en que la cooperación entre EEUU y México tiene que ser diferente a la de Colombia. "El Plan Colombia fue diseñado como un plan de ayuda e intervención. Nuestro plan es de corresponsabilidad y no de intervención", dijo.
"Estamos exigiendo que los estadounidenses actúen responsablemente sobre eso (flujo de armas) y que nos ofrezcan equipos de inspección. No estamos en posición de aceptar intrusión, injerencia o actividad militar estadounidense en nuestro territorio", agregó a ese diario brasileño.
El presidente mexicano dijo considerar "razonable" la preocupación de los países suramericanos con el acuerdo para que Estados Unidos utilice bases colombianas.
"Creo que Colombia debería establecer mecanismos que garanticen que su política de seguridad democrática, incluyendo la cooperación con Estados Unidos, no representa peligro ni amenaza para ninguno de los países vecinos", agregó.
No obstante, aclaró que los parámetros tienen que ser los mismos ante los acuerdos de Venezuela para que Rusia realice operaciones militares en Suramérica.
"Tenemos que tener parámetros homogéneos de defensa regional. Tan malas como las operaciones militares de Estados Unidos en nuestros territorios son las operaciones navales rusas u operaciones iraníes en nuestro territorio", afirmó.
A juicio del gobernante, "es necesario evitar una miniescalada armamentista en la región que apenas va a empobrecer aún más nuestros países y tan sólo va a aumentar más la tensión entre nosotros".
Para Calderón, según dijo a Folha de Sao Paulo, la llegada de Barack Obama a la Presidencia de Estados Unidos trajo un cambio "muy refrescante" en la política exterior estadounidense y cree que el gobernante tiene la intención de acercarse más a América Latina y de asumir corresponsabilidades.
Admitió que la crisis económica global tuvo grandes repercusiones para México por su gran dependencia de los Estados Unidos, razón por la que su país está buscando ampliar mercados e intentado atraer inversiones de otras naciones.
"Uno de los objetivos centrales de mi visita fue estrechar las relaciones con Brasil. Si hacemos una alianza sólida en lo económico, lo político y lo diplomático, vamos a generar enormes beneficios para nuestras poblaciones y una mayor posibilidad de acción positiva en la región", dijo.
RÍO DE JANEIRO
Efe
Jefe militar de Amazonía brasileña admite preocupación por bases de E.U. en Colombia
"Cualquier cosa que ocurra próxima a nuestras fronteras es motivo de preocupación", afirmó Luiz Carlos Gomes Mattos, según el diario Folha de Sao Paulo.
"Cualquier cosa que nosotros hacemos próximo a nuestras fronteras causa una cierta preocupación en aquel país fronterizo, incluso aunque tengamos una excelente relación", agregó Gomes Mattos, que asumió hace tres meses el comando sobre los 26.300 soldados que el Ejército brasileño tiene en la Amazonía.
De acuerdo con la versión periodística, la preocupación de los militares brasileños obedece al aumento de la presencia de soldados estadounidenses en un área estratégica de seguridad en la Amazonía de Colombia, próxima a Brasil.
El Gobierno brasileño ha dicho que respeta la soberanía de Colombia para negociar un acuerdo militar con Estados Unidos pero, a través de su canciller, Celso Amorim, ha pedido garantías de que la actuación militar estadounidense se restrinja a territorio colombiano.
El oficial aseguró que las bases militares de Brasil en la frontera cuentan con herramientas para impedir un eventual transborde del conflicto interno colombiano que pueda amenazar su soberanía nacional e indicó que está previsto destinar más soldados a la región amazónica.
"¿Qué significa afectar nuestra soberanía? Que se adentre (el conflicto) a nuestro territorio, acciones en nuestro territorio. En ese caso no tendríamos otra opción", afirmó el general.
"Pero mientras que eso no ocurre, estamos vigilantes en la frontera. Y ese es el motivo para que estemos aquí. Ese es el motivo para que nuestra estrategia nacional de defensa tenga previsto el envío de más tropas a la Amazonía", afirmó.
Pese a admitir la preocupación brasileña con el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, Gomes Mattos señaló que el aumento de la colaboración entre esos dos países puede justificarse por los éxitos obtenidos en el combate a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
"Ese grupo está acorralado hoy, pero puede crecer. El tipo de combate de ese grupo es irregular, por lo que puede evolucionar rápidamente en caso de que no sea totalmente eliminado. Y no está completamente eliminado", aseguró.
RÍO DE JANEIRO
Efe
Los estadounidenses son siervos gobernados por oligarcas
Paul Craig Roberts
CounterPunch Traducido del inglés por Germán Leyens
“Dentro de poco no habrá clase media. Tendremos unos pocos, y sólo unos pocos lores, y todos los demás, mendigos.” R.L. Bushman “Nos estáis dividiendo rápidamente en dos clases – los extremadamente ricos y los extremadamente pobres.” “Bruto” Los estadounidenses piensan que tienen “libertad y democracia” y que los políticos tienen que rendir cuentas en las elecciones. La realidad es que EE.UU. es gobernado por poderosos grupos de interés que controlan a los políticos con donaciones a sus campañas electorales. Nuestros verdaderos gobernantes son una oligarquía de intereses financieros y militares y de seguridad, y AIPAC [lobby israelí, N. del T.] que influencia la política exterior de EE.UU. en bien de Israel. Echemos un vistazo a la política económica. Es dirigida en beneficio de grandes firmas financieras, como Goldman Sachs. Los que recibieron 700.000 millones de dólares en fondos del TARP [Programa de Alivio para Activos en Problemas] fueron los bancos, no los millones de estadounidenses que han perdido sus casas, puestos de trabajo, seguro de salud, y pensiones. Los bancos utilizaron ese obsequio de capital para hacer más utilidades. En medio de la peor caída económica desde la Gran Depresión, Goldman Sachs anunció beneficios récord en el segundo trimestre y grandes bonificaciones de seis dígitos para cada empleado. La política de bajos tipos de interés de la Reserva Federal es otro regalo a los bancos. Baja su coste de fondos y aumenta sus beneficios. Con la derogación de la Ley Glass-Steagall en 1999, los bancos se convirtieron en casas de inversión de alto riesgo que comercian con instrumentos financieros como ser derivados de tasas de interés y valores respaldados con hipotecas. Con abundantes fondos suministrados casi gratis por la Reserva Federal, los bancos no pagan prácticamente nada a los depositantes por sus ahorros. A pesar de la política de bajas tasas de interés de la Reserva Federal, los bancos comenzarán a partir del 1 de octubre a aumentar la tasa porcentual anual (APR) para compras con tarjetas de crédito y adelantos de dinero y estados de cuenta que tienen una tasa disuasoria por pago atrasado. Los bancos también están aumentando las tasas por pagos atrasados. En medio de la peor situación económica desde los años treinta, estadounidenses fuertemente endeudados, que están perdiendo sus puestos de trabajo y sus casas, son desangrados hasta la bancarrota por los mismos bancos que están siendo subvencionados con fondos del TARP y bajas tasas de interés. Además, es el público estadounidense el que está metido en apuros por el dinero del TARP y las bajas tasas de interés. Como el presupuesto del gobierno de EE.UU. está en números rojos en más de un 50%, hay que prestarse el dinero del TARP en el extranjero o tiene que ser monetizado por la Reserva Federal. Esto significa más presión sobre el valor de cambio del dólar de EE.UU. y un aumento en los precios de importación y también inflación en el interior. Por lo tanto los estadounidenses pagarán por el TARP y los subsidios a las bajas tasas de interés a sus gobernantes financieros a través de la erosión del poder adquisitivo del dólar. Lo que estamos experimentando es una masiva redistribución de los ingresos del público estadounidense al sector financiero. Y esto sucede bajo un gobierno demócrata encabezado por el primer presidente negro de EE.UU., con una mayoría demócrata en la Cámara y en el Senado. ¿Existe un gobierno en alguna parte que represente menos a sus ciudadanos que el de EE.UU.? Consideremos las guerras de EE.UU. Al escribir estas notas, el coste pagado en efectivo de las guerras de EE.UU. en Iraq y Afganistán es de 900.000.000.000 dólares. Si se suman los costes futuros ya incurridos de las prestaciones a veteranos, interés sobre la deuda, el uso no aprovechado de los recursos para propósitos productivos, y otros costes similares tal como han sido calculados por el economista del Nobel Joseph Stiglitz y la experta presupuestaria de la Universidad Harvard Linda Bilmes, “nuestro” gobierno ha derrochado 3.000.000.000.000 de dólares –3 billones de dólares – en dos guerras que no traen beneficio alguno para algún estadounidense cuyos ingresos no dependan del complejo militar/industrial, ante el que nos advirtió un general de cinco estrellas, el presidente Eisenhower. Ahora es un hecho probado que la invasión estadounidense de Iraq se basó en mentiras y engaño del público estadounidense. Los únicos beneficiados fueron las industrias de armamentos, Blackwater, Halliburton, oficiales militares que logran ascensos más rápidos durante la guerra, y los extremistas musulmanes cuya argumentación fue confirmada por el gobierno de EE.UU. mediante su agresión no provocada contra los musulmanes. Nadie más se benefició. Iraq no amenazaba a nadie, y la captura de Sadam Hussein y su ejecución después de un juicio irregular y arbitrario no tuvo efecto alguno sobre el fin de la guerra o para impedir el comienzo de otras. El coste de las guerras de EE.UU. es un inmenso lastre sobre un país en bancarrota, pero el coste incurrido por los veteranos podría ser aún mayor. La falta de vivienda es una condición corriente de los veteranos, así como el estrés postraumático. Los soldados estadounidense, que combatieron ingenuamente por las guerras de la industria de la munición, por los altos pagos a los directores de la munición, y por los dividendos y las ganancias de capital de los accionistas de la munición, pagaron no sólo con vidas y extremidades perdidas, sino también con matrimonios rotos, carreras arruinadas, desórdenes psiquiátricos, y sentencias de prisión por no cumplir con pagos de manutención de menores. ¿Qué ganaron los estadounidenses gracias a una guerra incosteable en Iraq que dura mucho más que la Segunda Guerra Mundial y que llevó al poder a chiíes aliados con Irán? La respuesta es obvia: absolutamente nada. Que ganó la industria de armamentos: Miles de millones de dólares en beneficios. Obama es el candidato presidencial que prometió terminar la guerra en Iraq. No lo ha hecho. Pero ha escalado la guerra en Afganistán, comenzado una nueva guerra en Pakistán, se propone repetir el escenario yugoslavo en el Cáucaso, y parece determinado a iniciar una guerra en Sudamérica. Como reacción a la aceptación por el presidente de Colombia títere de EE.UU., Álvaro Uribe, de siete bases militares de EE.UU. en Colombia, Venezuela advirtió a los países sudamericanos que “comienzan a soplar vientos de guerra.” Tenemos un gobierno de EE.UU., totalmente dependiente de la generosidad de extranjeros para financiar la tinta roja, que se extiende en grandes cantidades hasta donde llega la vista, totalmente dominado por el complejo militar/seguridad, que nos destruirá a todos a fin de satisfacer las expectativas bursátiles de Wall Street. ¿Por qué le importa a algún estadounidense quién gobierna Afganistán? El país no tiene nada que ver con nosotros. ¿Calcularon los comités de servicios armados de la Cámara y del Senado el riesgo de desestabilizar a Pakistán armado con armas nucleares cuando aceptaron la nueva guerra de Obama en ese país, una guerra que ya ha desplazado a dos millones de paquistaníes? No, claro que no. Los corruptos recibieron sus órdenes de la misma oligarquía militar/seguridad que mandó a Obama. La gran superpotencia estadounidense y sus 300 millones de habitantes están siendo destruidos por los estrechos intereses de los grandes bancos y por la industria de armamentos. La gente, y no sólo los estadounidenses, está perdiendo a sus hijos, esposos, hermanos y padres sin otro motivo que los beneficios de las corporaciones de armamentos de EE.UU. y los crédulos estadounidenses parecen enorgullecerse de que así sea. Esas pegatinas en sus coches, todo terrenos y monstruosas camionetas proclaman su ingenua lealtad a la industria de armamentos y a los corruptos en Washington que promueven guerras. ¿Llegarán a comprender los estadounidenses, aplastados y destruidos por la política de “su” gobierno, que siempre pone a los estadounidenses en el último lugar, quiénes son sus verdaderos enemigos? ¿Se darán cuenta los estadounidenses de que no los gobiernan sus representantes elegidos sino una oligarquía que es dueña del prostíbulo Washington? ¿Llegarán algún día a comprender los estadounidenses que son siervos impotentes?
http://www.counterpunch.org/roberts08192009.html
Paul Craig Roberts fue secretario adjunto del Tesoro en el gobierno de Reagan. Es co-autor de “The Tyranny of Good Intentions.” Para contactos, escriba a: PaulCraigRoberts@yahoo.com
